La Audiencia Nacional respalda las tesis de ADICAE para continuar la querella criminal contra Telefónica y Terra
La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los equipos jurídicos de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE www.adicae.net) contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 1 de imponer a esta Asociación de Consumidores una fianza de cien mil euros, importe que el tribunal considera excesiva y desproporcionada, para continuar con las diligencias previas abiertas tras la querella criminal presentada contra Telefónica y Terra.
El auto de la Sala de lo Penal estima las pretensiones de ADICAE razonando varios motivos, entre los que cabe destacar la legitimación de esta Asociación de Consumidores como acusación popular. Este derecho a impulsar actuaciones judiciales está amparado en la Constitución Española y los magistrados consideran que la acción popular es “un factor de democratización de la Justicia Penal”. Frente a la desproporcionada fianza de cien mil euros impuesta por el Juzgado Central de Instrucción, el auto de la Audiencia Nacional razona que el aval debe “ser proporcionado y equitativo” pues de otro modo “se impediría el ejercicio de la acción popular”. Ante la certificación de ADICAE como una asociación sin ánimo de lucro cuyas posibilidades económicas son limitadas, la decisión judicial es tajante al afirmar que la fianza fijada “es en sí misma excesiva, máxime si partimos del dato objetivo de que se trata de la querellante” que si no prestara el aval señalado se rechazaría la querella por defecto de forma. Recuerda el auto que ADICAE ya es parte en otros procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, como el caso AVA y el caso Gescartera, en los que la fianza se ha establecido de forma sensiblemente menor: tres mil euros.
Todos estos argumentos llevan a los miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha decidir de forma unánime que “debe estimarse excesiva y desproporcionada” la imposición, reitera el tribunal, de “fianza tan elevada para una Asociación sin ánimo de lucro que le impediría ejercitar la acción penal, rebajando por ello la cuantía del aval a diez mil euros”.
Esta decisión de la Audiencia Nacional sobre la querella criminal presentada contra los Consejos de Administración de Terra y Telefónica se une al auto de la juez Teresa Palacios para iniciar diligencias previas por hechos que podrían constituir delito de apropiación indebida y de administración fraudulenta por Telefónica sobre su filial de Internet, Terra.
La denuncia que dio origen a la apertura de diligencias previas en la Audiencia Nacional fue presentada por un miembro de la Plataforma de Pequeños Accionistas de Terra, que está organizada y coordinada por ADICAE. Esta investigación judicial y la estimación del recurso de apelación contra la fianza impuesta por la querella criminal complican de forma relevante los problemas judiciales que afronta el presidente de Telefónica, César Alierta, que con sus inaceptables actuaciones para deshacerse de las decenas de miles de pequeños accionistas que no cedieron a las inadmisibles presiones de Telefónica para adquirir Terra a precio de saldo mediante la fracasada “OPA del miedo“ de 2.003, y que ahora quiere materializar mediante la evasiva maniobra de fusión por absorción de la empresa tecnológica.
La querella criminal presentada por ADICAE ante la Audiencia Nacional en julio de 2.003 ha tenido un azaroso desarrollo procesal. En un primer momento, al escrito se le dio curso provisional sin solicitar fianza por el juez Baltasar Garzón. Posteriormente, el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, aceptó a trámite la querella sin exigir depósito previo para iniciar el procedimiento judicial y dictó determinadas diligencias. Tras más de nueve meses de tramitación judicial se solicitó el depósito de una fianza de cien mil euros como requisito previo para considerar a esta Asociación como parte en el proceso iniciado contra Telefónica, decisión adoptada por el magistrado que en su día procedió a dar curso a la querella y que ocupaba provisionalmente en aquellos momentos el Juzgado Central de Instrucción número 1, hasta que el magistrado Fernando Grande Marlasca ocupó la vacante dejada por la sanción impuesta al juez Ruiz Polanco.
El auto de la Sala de lo Penal estima las pretensiones de ADICAE razonando varios motivos, entre los que cabe destacar la legitimación de esta Asociación de Consumidores como acusación popular. Este derecho a impulsar actuaciones judiciales está amparado en la Constitución Española y los magistrados consideran que la acción popular es “un factor de democratización de la Justicia Penal”. Frente a la desproporcionada fianza de cien mil euros impuesta por el Juzgado Central de Instrucción, el auto de la Audiencia Nacional razona que el aval debe “ser proporcionado y equitativo” pues de otro modo “se impediría el ejercicio de la acción popular”. Ante la certificación de ADICAE como una asociación sin ánimo de lucro cuyas posibilidades económicas son limitadas, la decisión judicial es tajante al afirmar que la fianza fijada “es en sí misma excesiva, máxime si partimos del dato objetivo de que se trata de la querellante” que si no prestara el aval señalado se rechazaría la querella por defecto de forma. Recuerda el auto que ADICAE ya es parte en otros procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, como el caso AVA y el caso Gescartera, en los que la fianza se ha establecido de forma sensiblemente menor: tres mil euros.
Todos estos argumentos llevan a los miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha decidir de forma unánime que “debe estimarse excesiva y desproporcionada” la imposición, reitera el tribunal, de “fianza tan elevada para una Asociación sin ánimo de lucro que le impediría ejercitar la acción penal, rebajando por ello la cuantía del aval a diez mil euros”.
Esta decisión de la Audiencia Nacional sobre la querella criminal presentada contra los Consejos de Administración de Terra y Telefónica se une al auto de la juez Teresa Palacios para iniciar diligencias previas por hechos que podrían constituir delito de apropiación indebida y de administración fraudulenta por Telefónica sobre su filial de Internet, Terra.
La denuncia que dio origen a la apertura de diligencias previas en la Audiencia Nacional fue presentada por un miembro de la Plataforma de Pequeños Accionistas de Terra, que está organizada y coordinada por ADICAE. Esta investigación judicial y la estimación del recurso de apelación contra la fianza impuesta por la querella criminal complican de forma relevante los problemas judiciales que afronta el presidente de Telefónica, César Alierta, que con sus inaceptables actuaciones para deshacerse de las decenas de miles de pequeños accionistas que no cedieron a las inadmisibles presiones de Telefónica para adquirir Terra a precio de saldo mediante la fracasada “OPA del miedo“ de 2.003, y que ahora quiere materializar mediante la evasiva maniobra de fusión por absorción de la empresa tecnológica.
La querella criminal presentada por ADICAE ante la Audiencia Nacional en julio de 2.003 ha tenido un azaroso desarrollo procesal. En un primer momento, al escrito se le dio curso provisional sin solicitar fianza por el juez Baltasar Garzón. Posteriormente, el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, aceptó a trámite la querella sin exigir depósito previo para iniciar el procedimiento judicial y dictó determinadas diligencias. Tras más de nueve meses de tramitación judicial se solicitó el depósito de una fianza de cien mil euros como requisito previo para considerar a esta Asociación como parte en el proceso iniciado contra Telefónica, decisión adoptada por el magistrado que en su día procedió a dar curso a la querella y que ocupaba provisionalmente en aquellos momentos el Juzgado Central de Instrucción número 1, hasta que el magistrado Fernando Grande Marlasca ocupó la vacante dejada por la sanción impuesta al juez Ruiz Polanco.
ADICAE Galicia
